La Asamblea de Murcia aprueba por unanimidad una moción reclamando al Gobierno que regule el vacío legal de las clínicas privadas de estética.

Rubén es el tipo que empuña el megáfono en cada concentración en memoria de su hermana Sara Gómez. Rubén es el pastor evangelista que contuvo su ira mientras caminaba por los juzgados de Cartagena, sujetando una foto gigante de Sara, justo al lado del cirujano cardiovascular que la sometió a una lipoescultura que le costó la vida. Rubén es el guardia civil que se crió en el cuartel de Alcantarilla y tenía claro que luciría con honor el mismo uniforme que su padre. Rubén le prometió a su hermana en la UCI que su historia no se iba a repetir y se reunió con todos los partidos de Murcia, logrando que la Asamblea Regional haya respaldado la ‘Ley Sara’.

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Rubén ha negociado hasta el último momento con el PP y con el PSOE para lograr un acuerdo histórico: el Parlamento murciano ha dado luz verde este miércoles, por unanimidad, a una moción de los populares y una enmienda de los socialistas donde -en esencia- se reclama al Gobierno una normativa estatal que acabe con el vacío legal de las clínicas de estética para evitar nuevas tragedias como la de Sara, fallecida a los 39 años, dejando atrás a dos hijos y una exitosa carrera como agente inmobiliaria.

«Estamos muy contentos, pero esta no es la última parada en el camino», reflexiona este guardia civil, de 36 años, al tiempo que avanza que su objetivo final es lograr que el Congreso de los Diputados regule el sector de la estética. «Un millón y medio de murcianos han aprobado la ‘Ley Sara’ para llevarla en volandas a Madrid y allí seguiremos con nuestra batalla».

Rubén ha pronunciado estas palabras en la puerta de la Asamblea Regional, acompañado de su hermana, Nora, de sus padres, Damián y Felisa, así como de otros familiares y de Pedro Valera, presidente de la Unión de Consumidores de España. Todos ellos se han fundido en un emocionante abrazo tras conocer los votos favorables de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Vox.

Este acuerdo del Parlamento de Murcia será trasladado al Gobierno y a partir de ahora, la Moncloa tiene la pelota en su tejado para acabar con determinadas prácticas de algunas clínicas de estética. La Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética pone como botón de muestra la publicidad agresiva que a veces lanzan en redes sociales donde se llega a ofertar un dos por uno en aumento de pecho, se sortea una lipoescultura, o se oferta un Black Friday de intervenciones de estética a pesar del riesgo vital que entraña pasar por el quirófano.

«Es muy importante la inclusión del plan nacional contra las pseudoterapias y la regulación de la publicidad sanitaria«, tal y como ha subrayado el presidente de la SECPRE, José Luis Vila, en alusión a dos de las medidas aportadas por el Partido Popular y el PSOE al acuerdo parlamentario aprobado este miércoles. «La publicidad afecta a la población más vulnerable y con menos recursos económicos».

Por ese motivo uno de los puntos dice lo siguiente: «La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno, para que a su vez solicite al Gobierno de la Nación, a regular de manera restrictiva y en colaboración con las comunidades autónomas, la publicidad de servicios de quirúrgica reparadora y estética realizada en redes sociales, como Instagram o Facebook, por parte de médicos autónomos que no cuenten con la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética».

La citada petición al Ejecutivo central ha sido fruto de la denuncia por estafa y falsedad que ha presentado la familia de Sara Gómez contra el cirujano cardiovascular que le hizo la lipoescultura, debido a que en su Instagram publicaba fotos de intervenciones estéticas, de las que se desconoce si era su autor. Además, se presentaba así a pacientes potenciales: ‘Médico de cirugía estética facial, corporal y vascular’, ‘International Board Certified in Cosmetic Surgery’ y ‘Body Contouring Expert’.

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«En algunas consultas los pacientes ven colgado de la pared un diploma de ‘cirujano cosmético’, ‘cirujano mamario’ o ‘cirujano estético facial’, pero no existen esas especialidades y no son títulos homologados por el Ministerio de Sanidad, solo son denominaciones que suenan atractivas», según alerta el doctor Vila. Tales especialidades también suelen verse en perfiles de algunos profesionales en redes sociales y el vacío legal que existe en el sector deja al paciente la responsabilidad de tener que consultar el BOE para comprobar si son títulos oficiales. «Esos diplomas se obtienen en centros de formación privados, realizando cursos o máster intensivos de unos días».

El acuerdo parlamentario también recoge una petición fundamental para la SECPRE: solicitar al Gobierno central que establezca una «distinción» clara entre Cirugía Plástica, Reparadora y Estética y otras especialidades médicas que incluyen actuaciones estéticas sin tener que pasar por el quirófano. Esta reivindicación se debe a que el médico que intervino a Sara es un cirujano cardiovascular, especializado en varices, pero supuestamente carecía de experiencia en la realización de lipoesculturas.

«Un traumatólogo puede hacer una cirugía plástica en la mano, un otorrino puede desarrollar una rinoplastia, pero en el programa formativo de cirugía cardiovascular no figura la lipoescultura«, según compara el doctor Vila de forma didáctica. Su homólogo, Francisco Pedreño, le da la razón desde la Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética: «Hay médicos formados para realizar tratamientos estéticos con vitaminas, incluso para pinchar bótox o ácido hialurónico, pero acaban haciendo una liposucción para la que no están especializados».

El asunto no es baladí por tres datos. El primero: un licenciado en Medicina y Cirugía puede realizar sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética una abdominoplastia, una lipoescultura o lo que sea previo pago. El segundo dato: cada año se realizan en España más de 400.000 operaciones encaminadas a mejorar el aspecto físico. El tercero: la Asociación del Defensor del Paciente tramitó en 2021 un total de 290 casos para emprender acciones legales por secuelas y resultados insatisfactorios por una cirugía plástica, reparadora o estética.

La muerte de Sara se produjo tras contratar una lipoescultura en una clínica de Murcia que se publicitaba como un referente de prestigio internacional en alta cirugía plástica, medicina estética, tratamientos antienvejecimiento y servicios VIP, a cargo de un equipo de especialistas. Tal cartera de servicios se ha demostrado que no tenía ese nivel de excelencia a la vista del luctuoso final que corrió Sara y que ha deparado un proceso judicial por homicidio por imprudencia profesional contra el cirujano cardiovascular y el anestesista que le asistió.

Por todo ello, en la moción se insta al Ministerio de Sanidad a luchar contra el intrusismo profesional incrementando las inspecciones en los centros privados y desarrollando campañas de divulgación. «El intrusismo puede ser una enfermera sin formación específica para la aplicación de bótox que se dedica a inyectarlo en una esteticién, a pesar de que la toxina botulínica mal inyectada puede provocar alteraciones en músculos faciales», tal y como ejemplifica el doctor Pedreño. «También hay centros de depilación que operan de los párpados por 2.500 euros».

La familia de Sara lleva peleando por la regulación del sector desde que esta vecina de Alcantarilla murió en Año Nuevo, tras luchar por su vida durante 29 días en una UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena. Este miércoles, su madre, Felisa, se abrazaba con lágrimas en los ojos al presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, o a parlamentarios como Lara Hernández del PSOE, que han hecho posible esta iniciativa dirigida al Gobierno. En el texto se le exige que defina junto a las comunidades autónomas los «criterios comunes» sobre las clínicas y consultas autorizadas para realizar intervenciones de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.

«A veces se usan pisos para ejercer esta labor de forma clandestina», apunta el doctor Pedreño. La Sociedad Murciana de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética considera que hay cuestiones de obligado cumplimiento: «Todas las clínicas deberían tener un director médico; estar dadas de alta en Sanidad, detallando el número de profesionales sanitarios que tienen y las especialidades que desempeñan; en el exterior de los locales deberían lucir una placa azul, enumerando los tratamientos que ofrecen, y deberían disponer de un espacio y unos equipos mínimos». Pero esto no ocurre.

Los asuntos más polémicos

Los dos puntos de mayor polémica del acuerdo aprobado por la Asamblea Regional para respaldar la ‘ley Sara’ son los relativos a la elaboración de un plan nacional contra las pseudoterapias y el endurecimiento de las penas por intrusismo profesional. Prueba de ello es el debate que se podría levantar sobre la necesidad de retirar ciertas técnicas que emplean algunos centros estéticos, como la metaloterapia: el uso externo de cobre, plata y oro para reactivar supuestamente la circulación.

El tema del endurecimiento de las condenas también levanta ampollas entre la profesión médica. Ignacio Martínez, abogado experto en derecho sanitario y letrado de la Asociación del Defensor del Paciente, explica que en la actualidad «el intrusismo profesional solo conlleva penas de cárcel cuando una persona se atribuye públicamente un título y lo ejerce dentro de un local». Aunque los condenados casi nunca terminan entre rejas porque las penas oscilan de 6 meses a 2 años.

«El intrusismo también está penado con multas de 12 a 24 meses con cuotas diarias que van desde los 2 euros a los 400 euros». Precisamente, los facultativos consultados por EL ESPAÑOL sí que se muestran partidarios de endurecer las condenas en los juzgados, elevando los importes de las sanciones o retirando temporalmente las licencias para ejercer la Medicina, antes que endurecer las penas de cárcel.

No obstante, el acuerdo de la Asamblea insta a que sea el Gobierno el que elabore un informe sobre «la conveniencia» de incorporar al Código Penal «un nuevo tipo penal relativo al intrusismo sanitario». La última palabra sobre la ‘Ley Sara’ la tendrá el Congreso de los Diputados y si sale adelante, no cabe duda de que la historia pondrá en su lugar el titánico esfuerzo que está haciendo la familia de Sara Gómez para regular el sector de la estética de este país.